Ha pasado más de un mes desde que desaparecieron las antiguas tarifas eléctricas de riego para los agricultores y la situación sigue confusa.
Con la nueva normativa se han eliminado las tarifas generales de alta tensión a las que tenían acceso los profesionales agrarios y ahora son éstos los que tienen que negociar directamente con las empresas el coste de su gasto energético para el riego.
Por este motivo, algunas de las organizaciones agrarias como UCCL y UPA han firmado ya convenios de colaboración con Iberdrola de los que puedan beneficiarse sus afiliados. Asaja, por el contrario, no se lo plantea todavía puesto que confía en la voluntad del gobierno que les prometido mejorar las condiciones de la última normativa.
Según la Unión de Campesinos, las nuevas tarifas que entraron en vigor el uno de julio suponen un gasto de entre el 40% y el 70% más de este producto por hectárea.
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