España afrontó hace a penas unos meses la sequía más grave de los últimos 60 años. El nivel de los acuíferos estaba por debajo del cuarto de su capacidad.
Las pobres lluvias resgistradas no eran suficientes para llenar las reservas y empezaron a aplicarse medidas para limitar el consumo de agua.
El Ministerio de Agricultura español prometió una serie de medidas dirigidas y guiadas por las instituciones pertinentes en cada área. De entre estas medidas destacaban las que debían tomar las empresas instaladoras de los sistemas de riego al respecto.
Un objetivo fundamental era el control de agua con la ayuda de la utilización de medidores de caudal. Estos contadores volumétricos debían cumplimentar una serie de requerimientos técnicos y presentar el certificado de la Comunidad Económica Europea, expedido por un órgano oficial. Así como un certificado de calibración expedido por un laboratorio acreditado oficialmente.
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